Análisis económico del sistema español de justicia preventiva.

Notarios y Registradores en España

Aun saliéndome del marco habitual del blog, hago referencia en profundidad a un análisis sectorial español. Inevitablemente, tras la macro viene la micro, el “supply side”. Como tantas veces he expuesto en este blog, mejorar la complicada situación de la humanidad supone olvidar las recetas mágicas de los aprendices de brujo que conforman los politburó de los bancos centrales, y entrar a fondo en lo que cuenta. El aparato productivo, y el entramado institucional que permite que el aparato productivo explote toda su creatividad y productividad potencial. El sector de notarios y registros español es muy disfuncional, y su mayor coste no es el que conlleva la actuación de los profesionales afectados, sino las rémoras a la productividad que se derivan de su actuación.

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Toda actuación humana persistente, estructurada mediante un conjunto de organismos institucionales, mercantiles o asociativos, genera un conjunto de outputs más o menos medibles; pero conlleva unas distorsiones o costes asociados de diversa índole. El conjunto de oficinas públicas del sistema español de justicia preventiva (notarías y registros) no es una excepción. Hasta muy recientemente la figura del notario ha sido el centro de dicho sistema, pero los registradores de la propiedad y mercantiles, con artes de diversa condición ética, han reclamado para sí el epicentro del mismo. Don Mariano ha ayudado no poco.

El catalizador de los cambios de la mayoría de las profesiones, son los enormes avances sociales y tecnológicos han hecho prescindibles en todo o en parte a los profesionales que las desarrollan. Y, lo que es más desestabilizador aun en el caso que nos ocupa: han hecho inviable su pacífica coexistencia. La actuación combinada de los mismos genera un “mix” de output y coste asociado al mismo, que no resulta asumible para la sociedad actual.

Las disfunciones del actual modelo.

No hace falta un doctorado en Harvard para apreciar, a simple vista, que no tiene sentido tener dos profesionales de alto nivel de especialización, supervisando el negocio jurídico en su nacimiento primero, y su inscripción después (a veces mucho después). Menos sentido tiene aún, que todo ello tenga lugar al margen de la liquidación impositiva que genere aquel negocio jurídico, supervisada por otras oficinas públicas engarzadas en diversos puntos del entramado administrativo de entes de la administración del Estado.

El asunto toma carácter rocambolesco cuando al final de todo el proceso, la vivienda objeto del negocio jurídico se registra en España en tres bases de datos diferenciadas y no coordinadas entre sí. El Registro de la Propiedad, dependiente de Justicia, el Catastro, dependiente de Hacienda, y la habitabilidad del mismo que es controlada, al menos en Catalunya, por el departamento de la vivienda de la administración autonómica.

El campo civil no es excepción. Las disposiciones testamentarias se controlan en una base de datos de justicia, el registro civil en otra, y florecen los registros de cuestiones civiles como la tutela o los testamentos vitales en los pertinentes organismos autonómicos.

Dejamos a la imaginación del lector el grado de coordinación que tienen los diferentes departamentos de la administración del estado que controlan dichas bases de datos. A veces el silencio es expresivo. Pero aunque los distintos organismos afectados se coordinasen como “alemanes”, no deja de ser ímproba la tares de coordinar,en distintas proporciones según el negocio jurídico otorgado: la oficina notarial, la agencia tributaria de la autonomía pertinente, la oficina del catastro, el registro de la propiedad o mercantil, el departamento de la vivienda de la autonomía competente, el departamento de Hacienda del ayuntamiento afectado, y la eventual gestoría que se ocupa de coordinar todo el embrollo.

No ha ayudado a mejorar la eficiencia del sistema  la actuación mayoritaria de los integrantes de los diversos colectivos afectados. Al límite de la ley, los diversos operadores han mirado de ir barriendo para su casa, con creciente intensidad. Los intereses creados siempre mandan en esta sociedad.

La práctica totalidad de registradores continúa sin ofrecer las conexiones informáticas requeridas por la ley ¡nueve años! después de su exigencia (artículo 22 de la LH en redacción de la ley 24/2005), y no pocos torpedean en lo posible las nuevas tecnologías. Baste señalar, como botón de muestra, que las notas simples informativas las siguen enviando por fax obviando la intranet corporativa.

Los gestores persisten en el sistema de moto y mensajero, además de una dudosa comercialización de su servicio, con algunas honrosas salvedades. La banca invariablemente mira hacia otro lado cuando se le plantea la posibilidad de introducir eficiencia en el proceso (sus intereses en las gestorías tienen mil facetas). Y no digamos nada cuando se plantea la conveniencia de transparentar más eficazmente sus operaciones de activo o pasivo con clientes.

La inmensa mayoría de los notarios ha optado por cumplir, lo mínimo de lo mínimo, con todo lo que comporta nuevas tecnologías y mejora de la eficiencia del sistema. En la administración del estado, el desmadre habitual: cada autonomía y cada ayuntamiento van a su aire, sin nadie que imponga orden. De vez en cuando, algunos entes municipales se coordinan (como por ejemplo para el pago de la plusvalía municipal) pero otro de los grupos interesados (en este caso los registradores) lo tira abajo legalmente, con la inestimable colaboración de los jueces.

Estos últimos (que tienen sus propios problemas de reestructuración tecnológica de los juzgados) miran al otro lado –o al más amigo- en las controversias que con motivo de la informatización del sistema se les plantean. No ven los jueces con gran simpatía, que los operadores del sistema de justicia preventiva tuvieran (hasta la crisis) ingresos sustancialmente superiores a los suyos, por una función de indudable menor responsabilidad. No es una buena base para un perfecto aprovechamiento de las prestaciones del sistema de justicia preventiva.

notarios4A todo ello se suman las disfunciones de los dos opuestos sistemas de prestación de servicio que subsisten dentro del entramado de justicia preventiva. España es rica en diversidad: un entramado, dos sistemas de prestación de servicios. El sistema de competencia intensiva (a degüello en grandes plazas) de los notarios, y el sistema de competencia exclusiva (monopolio) de las oficinas registrales. Cada uno tiene ventajas e inconvenientes por separado, pero su convivencia añade un defecto adicional a los que comporta cualquiera de las dos opciones. En un momento en que se replantea el sistema en su conjunto, las disfunciones se agudizan.

La mayoría de las oficinas registrales, en régimen de cero competencia, se especializan en buscar cualquier pretexto jurídicamente válido, para dar relevancia a su participación en el proceso (el ejemplo paradigmático es la exigencia de carta de pago en las exentas cancelaciones de hipotecas). Por no hablar del uso intensivo de las ventajas que para su calidad de vida confiere un plazo de quince días para calificar, y ¡diez adicionales para comunicar lo calificado! No me extiendo en otros jugosos ejemplos. La mortalidad por estrés tiene baja incidencia en las oficinas registrales.

notarios9La mayoría de las oficinas notariales, apremiadas tanto por la presencia del cliente en vivo en directo, como por la feroz competencia tras la crisis, compiten a muerte por la rapidez, y por dar “facilidades jurídicas” a los otorgamientos. Una compraventa de un inmueble se prepara en horas o a lo sumo en un par de días, pero a menudo sin los controles exhaustivos pertinentes, y en otros casos, mirando hacia otro lado. Ello compromete seriamente la garantía de calidad de los documentos autorizados. No ayuda tampoco a la calidad del control del otorgamiento, el hecho de que en la práctica, los grandes operadores sean quienes elijan al notario entre competidores.

Nos encontramos pues ante una doble calificación competencial en la que el primer corte peca de laxo (lo que conviene al funcionario en competencia), y el segundo de ortodoxo (lo que conviene al funcionario monopolista). Cada grupo de funcionarios arrima el ascua a su sardina. En el interín, en ese largo interinazgo entre la calificación del primero de los funcionarios, y el segundo, el ciudadano no sabe dónde está, ni qué le espera a su negocio jurídico.

Más disfuncional, el sistema no podría serlo. Y aun así, increíblemente, ha funcionado aceptablemente hasta la actualidad. De un lado la seguridad jurídica obtenida, que, con todos los defectos expuestos, ha resultado excelente en media. De otro, el análisis coste eficacia económico, en que la valoración dista mucho de llegar a la suficiencia.

Una óptica económica para el sistema de justicia preventiva.

Como resulta entendible, dada la formación exclusivamente jurídica de casi todos sus componentes, la seguridad jurídica preventiva se ha analizado solo desde una perspectiva  jurídica. La realidad económica actual, sintetizable en el dato de un paro de más del 25% de la población activa, obliga a buscarle un análisis económico. Más allá de considerandos y resultandos: ¿Qué aporta el sistema y qué le cuesta a la sociedad? ¿Sería mejor el modelo anglosajón de poca, o ninguna justicia preventiva?

Los jurídicos principios de justicia y equidad tienen un principio equivalente, cuando nos adentramos en el campo económico: ”la eficiencia”. Un sistema de justicia preventiva eficiente podría definirse como aquel en el que el ratio de utilidad generado (seguridad jurídica generada), dividido por los costes de todo tipo que plantea su ejecución, sea máximo. Maximizar la utilidad minimizando el coste, genera el punto de eficacia máxima. Maximizamos el ratio elevando el numerador y reduciendo el denominador. Los objetivos son:

1.- Maximizar la seguridad jurídica generada.-

Este objetivo se consigue generando la máxima seguridad jurídica para el ciudadano usuario del servicio. La seguridad pretendida, es multifacética, y podría desagruparse enumerativa, que no limitativamente, en los siguientes conceptos:

a) La seguridad que genera para la sociedad la información y ayuda por el notario, a la parte débil y/o menos versada en derecho.- Lamentablemente, la sociedad no está contenta –ni parece razonable que lo estuviera- con la seguridad generada en este campo. La reciente y vergonzosa normativa sobre antefirmas ológrafas -preredactadas por el Banco de España- evita que derramemos tinta y tiempo sobre ello. Es más, muchos productos financieros complejos (productos estructurados, convertibles, con opciones “knock in” “knock out”, apalancados, de alto riesgo etc) se siguen firmando al margen de las notarías con la problemática judicial que conllevan, y a nadie se le ha ocurrido la intervención notarial como remedio.

notarios7b) La seguridad de conseguir siempre una copia veraz de lo otorgado.- Esta seguridad funciona de manera casi perfecta, aunque la metodología de sucesión en el protocolo utilizada para obtenerla plantea dudas sobre la eficacia de su coste. La dispersión del archivo histórico entre todas las oficinas notariales activas, debería tener un período de vida más corto que el actual, primando el depósito colegial de los libros.

c) La seguridad de poder reconstruir el devenir de lo acontecido a través de los tiempos, tanto en lo relativo a personas (testamentos sucesivos), como en lo relativo a sociedades, o inmuebles.- Gracias al sistema multiregistro antes mentado, la investigación de cadenas previas funciona más que aceptablemente. Sea por el registro de partes testamentarios (ministerio de justicia), o el registro de tutelas preventivas, o el registro civil (capitulaciones) sin olvidar al registro mercantil y al de la propiedad y el catastro, la investigación de testamentos, o titularidades y cargas, tiene un excelente grado de eficacia. Ello sin perjuicio de la complejidad que adquieren muchos casos inmobiliarios, por el paso del tiempo y testamentarías sucesivas sin documentar. Poco hay que mejorar en eficacia jurídica, aunque la multiplicidad de bases de datos permite intuir que el análisis coste beneficio no tiene un resultado tan benévolo.

d) La seguridad de la validez jurídico-formal del negocio jurídico otorgado.- Sin perjuicio de la aparición de crecientes laxitudes en los otorgamientos notariales, este aspecto de la seguridad preventiva goza todavía de un alto nivel de eficacia. El notario tiene larga tradición de control de la legalidad jurídico formal, aunque plantea dudas la eficacia de su control de legalidad en el campo del control del negocio jurídico real subyacente. Es esta última, una exigencia de menor tradición histórica, y de más difícil exigibilidad y control al notario en la práctica.

e) La seguridad de la idoneidad de la calificación registral, y el estricto control de la prioridad temporal en las inscripciones.-  No existe laxitud en las calificaciones registrales; antes al contrario, existe un innecesario exceso de celo justificador de la función del registrador monopolista del negocio. Ese exceso de celo genera altos costes incrementales innecesarios, sin contribuir a elevar la seguridad general del sistema. En el campo de la cadena temporal de inscripción, han tenido que ser las nuevas tecnologías de presentación telemática las que acaben con los documentos presentados en papel por mensajeros o gestores. Presentar los documentos telemáticamente ha sido una larga batalla con un significativo número de registradores. Como suele suceder en la vida económica, la eficiencia de unos es un menor confort de otros.

f) La seguridad de identidad de la realidad de las cargas de un inmueble con el estado registral efectivo en el momento del otorgamiento.- Increíblemente (esto es España), a día de hoy, y habiendo transcurrido siete años desde diciembre de 2006, aun no se permite por parte del colegio de registradores el acceso “on line” del juez o el notario, a los libros, para su consulta el día del otorgamiento. Para mayor desatino, la información continuada se suministra por parte de los registradores, obviando de manera coordinada entre ellos el uso de la intranet registral notarial, con los consiguientes efectos de dificultad de la prueba de la comunicación. El ciudadano no tiene manera de asegurarse de la coordinación entre la información deducida de la nota simple informativa y la prevaleciente información registral al tiempo del otorgamiento (y estamos en el siglo XXI). Algunos colectivos son mirados desde arriba con mucho, mucho cariño.

g) La seguridad del efecto probatorio de lo actuado ante notario como elemento regulador de litigiosidad posterior.- Un juego de presunciones amplio pero incompleto, y años de prestigio de la función notarial, mitigan y mejoran el sempiterno problema procesal de la dificultad de la prueba, cuando la misma se refiere a lo acontecido en el otorgamiento de instrumentos públicos. Pero la PAH es una buena muestra de que la sociedad no se cree ya de manera indubitada que los textos contenidos en los otorgamientos se correspondan con las advertencias leídas o explicitadas por el notario en el momento de la firma. El sistema de justicia preventiva también “necesita mejorar” bastante en este campo de eficacia. Muchos casos presenciados de evidencia anecdótica, me permiten ratificar esta impresión.

h) La seguridad de propiciar un trámite judicial rápido (ejecutivo) en caso de litigiosidad relativa a lo actuado.- La ejecutividad de las deudas vencidas líquidas, vencidas, y exigibles, es una “eficacia” del documento notarial impuesta por la LEC. Pero no se trata de una eficacia inherente al sistema sino “otorgada” por la legislación procesal. Hablando en términos económicos, no interesan las eficacias impuestas, sino las que surgen de la manera de prestar el servicio objeto de análisis. ¿Se merece el documento público la ejecutividad otorgada por la LEC?

Visto el repaso del grado de perfección de los “outputs” o utilidades generadas por el sistema, las utilidades o el valor añadido generado, pueden y deben mejorar significativamente. Hay amplio margen de mejora en el numerador de la ecuación de eficiencia.

2.- Minimizar los costes (de todo tipo) del sistema.-

Siguiendo una metodología intemporal en la ciencia económica, los costes pueden clasificarse en directos e indirectos. A estas categorías debiera sumarse la que comprende las deseconomías externas. Una deseconomía externa es el valor añadido negativo o daño que una actividad confiere a una persona o personas ajenas (o simples usuarias) a la actividad de referencia. Estas deseconomías externas podrían expresarse también como una menor contribución funcional del modelo al desarrollo económico del país (es decir, como una menor utilidad social neta generada).

El análisis coste beneficio del sistema de justicia preventiva presenta el peligro potencial de quedarse en lo superficial, sin ver las economías o deseconomías externas que genera. Dado su impacto sobre la vida civil y mercantil de un país, cualquier economía o deseconomía externa generada, tiene una importancia infinitamente superior a los costes directos e indirectos del sistema (al menos mientras estén en sus niveles actuales).

Pulir cualquier coste, suma al sistema económico en su conjunto. Pero el análisis coste beneficio debe aplicarse también a los costes que comportará modificar el funcionamiento de un área de la economía. Y aún más, cualquier reforma debe priorizar objetivos. Buscar demasiados al mismo tiempo, suele ser un certificado para el fracaso, particularmente en un país como el nuestro. Y más aún cuando algunos operadores están emparentados íntimamente, nada menos que con el presidente del gobierno.

Las sucesivas minireformas del sistema de justicia preventiva de los últimos años, han caído de lleno en esta trampa. El legislador ha caído en el populismo,  hablando de mejorar la eficiencia bajando algo los costes directos del proceso. Reducción de costes que ha alimentado (junto con la crisis) una competencia por sobrevivir que desvirtúa el rigor de la escritura pública. Y para más inri (apretado por sus desajustes presupuestarios), lo ha compensado luego, con enormes creces, con un incremento de la presión fiscal sobre el documento tramitado por el sistema.

Y así sucesivas y reiteradas veces, obviando todo lo demás. Como bien decía Einstein, la diferencia entre genialidad y estupidez, es que la primera tiene sus límites.

a) Los costes directos. Son fácilmente numerables, aunque no tan fácilmente cuantificables como debieran (por la complejidad de los aranceles). Son tres.

      • El coste de la intervención notarial.
      • El coste de la intervención registral, situado normalmente y de manera aproximada en la mitad del coste notarial.
      • El coste fiscal generado por el negocio jurídico (el “stamp duty” o ITP/ AJD en versión española, la plusvalía municipal, El IVA, o el impuesto de sucesiones y donaciones según los casos).

Los costes notariales y registrales, como todos los demás, son ingresos para unos y gasto para los usuarios. Y como sucede con todos los ingresos de cualquier agente económico, pueden ser analizados desde una perspectiva de equidad. Desde esta perspectiva han de ser contextualizados como contraprestación a una actividad generadora de una función económico-social, en función de los beneficios y dificultad inherente de la misma.

Se podrían escribir ríos de tinta sobre tal análisis. Empezando por la inequidad misma del arancel, que sobrepaga unos actos en perjuicio de otros, empujando al notario hacia el documento de cuantía. Pero ese análisis no evitará que, en términos exclusivamente económicos, la equidad o no del arancel, sea bastante irrelevante. Ni siquiera parece relevante el incremento de eficiencia que permitiría la supresión de uno de ellos. Todo suma, pero no parece que este sea el elemento más necesitado de mejora del sistema actual. Simplificar y equilibrar los aranceles, como ejemplo inmediato, parece económicamente más trascendente.

Solo en un supuesto esos costes tienen relevancia: en las pólizas de crédito intervenidas. Dada su renovación en muchos casos anual, el coste en las pólizas de pequeño importe incide sobre la TAE de la financiación y encarece el endeudamiento. Diversas escuelas económicas ven el endeudamiento, de diferentes y a menudo contrapuestas maneras. La escuela austríaca que defiendo como autor de este informe, enfoca cualquier requisito formal o de coste añadido al acto del endeudamiento, como positivo en la medida que evita desequilibrios macroeconómicos como los que han causado la actual crisis. No parece pues que ese coste haya generado grandes pérdidas de valor añadido a la sociedad. Claro que Krugman y los postkeynesianos podrían verlo de otro modo.

b) Los costes indirectos. Son sin duda mucho más importantes que los directos, porque su impacto sobre el sistema económico es mucho mayor, como consecuencia de los desajustes temporales del sistema, y la paralela necesidad de coordinar las diferentes oficinas públicas intervinientes en el proceso.

El principal coste indirecto del sistema es la necesidad de la figura y el coste de un gestor para coordinar el proceso entre las diferentes oficinas públicas. En muchos casos (por ejemplo en las cancelaciones de hipotecas) el coste del gestor es bastante superior al de los agentes “natos” del mismo. En otros no tanto.
En cualquier caso, es aplicable también a este coste el criterio que he venido describiendo. Su cuantía no es lo más relevante. Lo más relevante es que la aparición del gestor crea un limbo documental cuyo contenido es el sumatorio de documentos que han pasado la primera calificación, y esperan –con más o menos demora según los motivos y los casos- su pase definitivo al reino de los cielos, o al posible infierno de la subsanación (muchos días después de que los otorgantes crean finalizado el negocio jurídico).

Los costes indirectos vuelven a no ser importantes, si no es por el hecho de que avisan de las deseconomías externas que genera un proceso dilatado, en el tiempo (un elevado tiempo medio entre la primera y la segunda calificación), y también en el espacio (diferentes oficinas públicas para cada subfunción). Con ello nos adentramos en el componente más importante del coste del aparato de justicia preventiva: las deseconomías externas.

Por el sistema de justicia preventiva pasan actos económicos de excepcional trascendencia en lo personal (para los comparecientes), y, a veces, incluso en lo económico social. Pensemos por ejemplo en la creación de la Sareb, o en la venta de una sociedad inmobiliaria a un grupo inversor internacional, o en la creación del grupo Bankia. No se necesita de los sabios consejos de cualquier maestro de la London School of Economics, para comprender intuitivamente que es un despropósito que pueda haber un limbo documental de ¿pongamos quince días?, entre el otorgamiento de la escritura y su final calificación. Imaginemos que algo pasa el primer corte calificador pero no el segundo.

Pero no hay que ir tan lejos y a tan excepcionales e infrecuentes supuestos, para apreciar los inconvenientes de la nube documental generada por el actual sistema. Basta pensar en las modificaciones hipotecarias tan en boga hoy. Un cliente reestructura su deuda con una entidad, en un proceso difícil y lleno de tensión. Y finalmente llegan a una notaría, y otorgan una escritura de novación modificativa. Casi todas ellas llevan, por imperativo del banco, una cláusula de eficacia subordinada a la inscripción. Así pues, el usuario final puede tardar fácilmente un mes en saber si es firme el resultado de su negociación.

La incertidumbre es un concepto asociado al riesgo, que ha sido desarrollado intensamente en mercados financieros. La incertidumbre hace que el precio de un activo baje, porque la esperanza de retorno de la distribución de retornos posibles del activo, tiene que ser mayor que el retorno cierto esperable del mismo. La diferencia, en términos anualizados, tiene un nombre ahora muy sobado en la prensa (para el particular y diferente caso de los bonos soberanos): prima de riesgo.  La incertidumbre dilatada en el tiempo tiene un coste medible para el sujeto que la soporta, y una deseconomía para el sistema económico en su conjunto. Y esa deseconomía agregada, sí que son palabras mayores.

Queda aún, otra deseconomía externa fruto del proceso temporal de la doble calificación. El paso del tiempo genera otro coste para el supuesto de discordancia entre la primera calificación y la segunda. El coste de la rectificación o subsanación. Y este coste tiene también una externalidad negativa para el conjunto de la sociedad. Los actos que adquieren plena eficacia en un momento temporal único, es difícil que generen daños adicionales por la rectificación pertinente de cualquiera de los aspectos del negocio jurídico que va a nacer. Lo que se detecta al momento, o se arregla, o no se firma, pero no crea controversia, litigio, y sentencias tardías, cuya implementación (económicamente hablando) a veces causa más daños que ventajas. Los errores hay que depurarlos, y las sentencias hay que cumplirlas. Pero tanto mejor si se rectifican al momento, y se evita una sentencia largo tiempo posterior.

Como decía Murphy, tantas veces citado por los informáticos, “si una cosa puede salir mal, saldrá mal”. Y añado,  el incremento aritmético de los intervinientes en un proceso, incrementa geométricamente la dificultad de ejecutarlo en grandes números sin fallos relevantes.

Lo peor de las muchas oficinas públicas implicadas no es la necesidad del gestor, sino la complejidad generada en el sistema. Al igual que en los buenos programas informáticos; líneas de código, las mínimas. Cada línea es una invitación al error. Cada error con muchos intervinientes es un litigio con muchas partes. ¿Dónde está la seguridad jurídica preventiva? Y cuando de error no se trata, hablamos de duplicidad. “Ne bis in idem”. Duplicar un trabajo es duplicar su coste. Increíblemente, un trabajo repetido genera PIB incremental (una de las razones por las que el PIB es una medida obsoleta en economía), pero desde luego no contribuye a elevar la calidad del sistema económico del país, ni el bienestar de sus ciudadanos. El notario o el gestor calculan el impuesto y luego una oficina pública dispersa por la geografía nacional y a menudo alejada de la notaría otorgante, tramita su ingreso. Absurdo. Basta con hacer al notario obligado tributario subsidiario, y acabar la letanía fiscal in situ: al momento. Que liquide él mismo por la intranet administrativa. Al menos respecto de los impuestos del stamp duty, las plusvalías municipales, y sucesiones y donaciones, todos ellos delegados a entes territoriales dispersos en el Estado.

Optimización de la eficiencia económica del sistema de justicia preventiva.-

 

Principio número uno. Reducción del conjunto de oficinas públicas del sistema.-

El eje del mismo debería ser una oficina registral-notarial o notarial-registral (el nombre es irrelevante) regida por un principio sintético entre los dos actuales (el registral y el notarial) que podríamos llamar “de competencia corregido”. No son tiempos para los monopolios. Creo recordar las palabras de Mario Monti, comisario entonces de competencia, de la CEE. El principio organizador de los servicios de justicia preventiva debía ser: “La concurrence, puis la concurrence, et apres, la concurrence”. Creo que, por su contundencia, la expresión no necesita traducción. El mundo camina hacia la competencia y no hacia el monopolio.

Por otro lado creo que esa oficina pública debería ser de “competencia corregida”. Los excesos no son nunca buenos. Y menos cuando el bien a proteger es una base de datos registral que es un pilar esencial del estado de derecho. La solución a la calificación por el estado del negocio jurídico inscribible tiene que ser mediante oficinas concurrenciales. Luego, esa concurrencia debe ser “corregida”. Y, por último, e importantísismo, “vigilada”.

Esa oficina única debe ser responsable civil subsidiario de los devengos tributarios pertinentes, aunque con una obvia salvaguardia en los espinosos temas de valoración de las bases imponibles. El notario registrador no puede ser un inspector de Hacienda, pero si un liquidador del impuesto con responsabilidad en la recaudación del mismo. Con ello el ciudadano o la persona jurídica resuelven sus asuntos con la administración en una sola oficina pública. Y puede elegir: si le dan mal servicio se va a otra. Eso es mantener un sistema siempre alerta y evolucionando.
Colateralmente, también se produciría un muy relevante ahorro para las arcas de las autonomías y los ayuntamientos. Al recaudar los impuestos el notario, se podría exigir un ingreso en menos de cinco días. Quedan 25 días de ahorro de costes financieros sobre ingentes cantidades a nivel agregado. Hoy esos ingresos financieros no los salva ni el cliente ni el estado: se los queda la gestoría. Hablando de eficiencia…

Principio número dos. Unificación de las bases de datos de inmuebles, personas físicas, y personas jurídicas de manera que se siga el criterio de una sola base de datos por sujeto, o por inmueble.-

Es menos relevante quien controla (informáticamente hablando) cada base de datos, que quien califica los contenidos que a ella acceden. Las bases de datos son reclamadas por sus gestores como si les fuese la vida en ello. Invariablemente, acaban patrimonializandose para el colectivo tutelar de la misma. Parece que conviene al interés del país, que las bases de datos se guarden por la administración del estado strictu sensu, para evitar cualquier uso partidario o mercantil de las mismas. Su consulta, con los límites pertinentes para la protección de la privacidad, debería ser gratuita, y el acceso, con los mismos límites, universal. Nadie debería cobrar por permitir ver unos datos públicos a quien este legitimado para requerirlos.

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Otra cuestión bien distinta es las entradas y salidas de las bases de datos. Cada acto o negocio susceptible de inscripción en las mismas tiene que ser calificado cuidadosamente. Y hay que combinar, cuidado, responsabilidad del funcionario calificador, y dispersión geográfica y capacidad de opción por parte del ciudadano. Y, como parece insinuar el principio de celeridad de la LRJPAC, lo ideal es la calificación única. No solo por parte de cada funcionario interviniente, sino respecto de la calificación global administrativa del acto o negocio en cuestión. Cada modificación de las bases de datos debe ser objeto de una sola calificación. Suprimamos el del limbo documental!

Y sería bueno, que las oficinas calificadoras, no fuesen las oficinas públicas “propietarias” “poseedoras” o “custodios” de la base de datos resultante de lo calificado. El mundo financiero llama a esto “murallas chinas”. Del mismo modo que en los fondos de inversión hay un depositario y un gestor separados, tiene que haber unas oficinas calificadoras y un departamento administrativo custodio (uno solo por tipo de base de datos por favor!). La calificación debería ser descentralizada a las oficinas de justicia preventiva de la DGRN, y las bases de datos deberían estar en los ordenadores de la administración central del estado, de donde nunca debieron salir. Los funcionarios del registro civil o el catástro son útiles como custodios de la base de datos. No hace falta expropiarles su trabajo para privatizarlo a favor de amigos o amiguetes.

Principio número tres. Transparencia.-

Sin cuestionar la sabiduría y bonomía del notario o registrador, ello no les hace exentos de la obligación de transparencia de las sociedades modernas. Transparencia es control, y el control el más eficaz agente anticorrupción y antinegligencia. Y todos, incluso los personajes de pretendida sangre azul como notarios y registradores, deben ser controlados. Hasta la Corona debe serlo (por pudor, no me extiendo en razones).

camaras-video-vigilanciaSi los jueces de primera instancia son “transparentes” y graban sus vistas, ha de ser menos el notario-registrador respecto de sus otorgamientos? Todo otorgamiento debe tener tres ficheros públicos: el de imagen y voz, el del documento digitalizado (pdf), y el del documento físico. A menudo oigo hablar de la confidencialidad. Nada obsta a la misma, pero en sala aparte y antes del otorgamiento!

Corolario de lo anterior es que, los otorgamientos, han de hacerse en la oficina pública al efecto. Primero, por la necesidad de medios técnicos para la grabación, y adicionalmente por la razón de equidistancia respecto de los contratantes, especialmente respecto de los contratantes que imponen sus clausulados de adhesión.

Con la transparencia, la justicia preventiva es más “preventiva” que nunca. Previene el litigio. Y cuando no puede evitarlo, lo abrevia significativamente, dándole elementos de juicio exhaustivos al órgano jurisdiccional mediante la preconstitución reglada, de “prueba pública”. Ahora sí que tiene sentido económico que la LEC regale el carácter de ejecutivo al documento público con deudas vencidas, líquidas, y exigibles. Hay algo más claro que una cinta grabada por un funcionario público y custodiada después con un cuidadoso procedimiento de “storage” informático redundado?

La segunda consecuencia es aún más importante. La grabación del acto, impedirá que cualquier amiguismo o clientelismo del funcionario autorizante, le tiente a pasar de puntillas por aspectos del negocio o acto jurídico que resultan problemáticos para “hacer fácil la firma”.
En los documentos públicos no habrá más PAH ni perjudicados por las preferentes. Si se engañó al cliente, y el funcionario colaboró por omisión, responderá la fianza de este último. Ahora sí que tiene sentido acudir al notario en documentos donde lo que se busca no es la ejecutividad, sino la transparencia y preconstitución legal de prueba pública.

Principio número cuatro. Vigilancia.-

Decía un economista americano, con agudo ingenio, que dar opinión a los sindicatos cuando se negocia una reforma laboral, es como permitir al pavo que vote el menú de navidad. Con la vigilancia pasa lo mismo. La vigilancia entre iguales no gusta; y no funciona. Ni la de jueces por jueces, ni la de notarios por notarios, ni la de médicos por médicos. Hay que introducir inspectores externos que no sean amigos de los “vigilados”. Y hay que vigilar activamente, recurrentemente, con un programa de inspección radicalmente “random” (aleatorio). Solo así se evitan los corporativismos habituales.

Grabando los otorgamientos, la vigilancia es, en términos de dificultad, una broma. Basta con un pequeño programa informático (que no necesita ser programado en C++), para hacer un seguimiento aleatorio de lo otorgado, en cualquier día, por cualquier notario, desde una oficina central de inspección. Un equipo reducido, con costes ínfimos, permite vigilar las oficinas públicas del sistema de una manera efectiva, coste eficiente, e inmediata (la inmediatez es un elemento esencial de la corrección). No hace falta el hoy denostado por toda la doctrina económica “régimen de monopolio”, para conseguir un sistema estricto y sin excesiva laxitud. Basta con transparencia y vigilancia en dosis razonables. Ni la anarquía notarial, ni el monopolio registral.

Algunas consideraciones finales sobre la reforma del sistema.

Dicen que los alemanes son superiores a los españoles, reformando su sistema productivo, y mejorando su eficiencia. Es falso. Lo que impide al país avanzar y modernizar su economía es el juego de los intereses creados. No falta capacidad para saber cómo reformar, sobran intereses creados.

Acaso no sabe un médico o una enfermera de un hospital público, que un sistema privatizado de sanidad universal (en base al bono sanitario de Hayek), genera eficacias en costes y resultados? Acaso no saben los notarios que la grabación de sus otorgamientos produciría un beneficio claro a la sociedad, con un coste exiguo? Acaso no saben los registradores, que la competencia, siempre que coexistan transparencia y vigilancia o control, favorece la eficiencia en la prestación de un servicio al ciudadano? Acaso no sabe la banca que el asesoramiento del notario al cliente sería más efectivo y estaría menos condicionado en los otorgamientos en notaría? O que, desde el año 2007, imponer un gestor en sus operaciones de activo inscribibles es imponer un coste innecesario al cliente?

Sin reformas, hay PIB (porque el PIB lo cuenta todo), pero no hay progreso. Y las reformas siempre mancillan privilegios.notarios5



PD. Este post es un resumen del informe confidencial elaborado por mí el ocho de diciembre de 2013. Dado que soy notario, me ha parecido que puedo incluir en los posts de reformas sectoriales para aplicar la ley de Say,  a un sector que me afecta. Y afecta a amigos y conocidos. Todos tenemos que perder plumas para resucitar el aparato productivo, rescatándolo del ladrillo, el subsidio, y el dinero laxo.